EL FINANCIAMIENTO DEL INSABI DE AMLO, UNA INCÓGNITA

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar servicios salud gratuitos a toda la población que no cuenten con seguridad social a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que inició operaciones el pasado 1 de enero, sin embargo, aún no queda claro como se va a financiar esta meta.

Autoridades sanitarias del país afirman que para alcanzar la gratuidad total de estos servicios se tendrá que transitar por un proceso paulatino de reestructuración financiera, pero diversos expertos en la materia muestran preocupación debido a que no se ha establecido un plan especifico para este fin.

“Al cambiar la ley eliminas el esquema de financiamiento que traía el Seguro Popular sin presentar un esquema nuevo, no presentas de que manera se va a financiar, al contrario, eliminas las cuotas que se pagaban, se habla de que no se va a pagar ninguna cuota, se habla de que se va a justar, pero no sabemos cómo”, señala Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Asimismo el financiamiento de estos servicios en las entidades federativas y los recursos que se destinarán al Fondo de Salud para el Bienestar y el financiamiento de infraestructura para la salud es incierto debido a que aún no se establecen las reglas de operación correspondientes.

De acuerdo con las modificaciones establecidas en 2019 por el Congreso de la Unión, la prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiado por la federación y las entidades federativas.

De manera anual, el gobierno federal deberá destinar recursos para la prestación de estos servicios, cuyo monto no podrá ser inferior al ejercicio fiscal inmediato anterior.

Además de recibir recursos por parte de la federación, que se incrementarán en la misma proporción que el gasto federal en este rubro, los gobiernos de las entidades federativas deberán aportar presupuesto para la prestación gratuita de estos servicios de salud.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 hay un rubro para el “Seguro Popular” al que se destinan 5,689.60 millones de pesos y otro enfocado en la “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” a la que se destinan 1,457.09 millones de pesos.

“Ese podría ser lo que se vaya para los recursos del INSABI, pero cuando lo comparas con lo que traía el Seguro Popular antes, pues se queda con prácticamente igual no se hizo una gran diferencia”, apunta la especialista del CIEP.

Sin embargo, advierte que este podría ser insuficientes debido a que las metas del INSABI, tanto del número de personas que espera cubrir, como los servicios que aspira a brindar de forma gratuita es más elevado que el extinto Seguro Popular.

Para la atención de enfermedades que “provocan gastos catastróficos” y necesidades de infraestructura, sobre todo en las entidades con mayor marginación social, se creo el fideicomiso público Fondo de Salud para el Bienestar.

De acuerdo con esta Ley, los gastos catastróficos implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren y serán definidos por el Consejo de Salubridad General.

Este fondo también tiene como objetivo complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así  como exámenes clínicos que requieran personas sin seguridad social.

La ley también indica que los recursos para financiar las necesidades de infraestructura médica se sujetarán a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y en las reglas de operación del fondo, mismas que aún no han sido redactadas.

“Lo que se comenta es que se van a tomar el Fondo (para protección de gastos catastróficos del Seguro Popular) 40,000 millones, hay que ser puntuales en que esta es una fuente única no recurrente, entonces lo tomarías ese año y el siguiente queda como otro tanto y eso es todo. Además del cambio en la ley, el  fondo de gastos catastróficos se tomaba para enfermedades más costosas y ahora se abre para infraestructura y medicamentos”, apunta Méndez.

Para brindar servicios de salud ilimitados a la población que no cuenta con seguridad social en la actualidad, el gobierno federal debería destinar 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con un estudio elaborado por el CIEP en agosto de 2019.

En ese momento el CIEP recomendó elaborar un régimen de transición de dos años, que debería tomar en cuenta  las nuevas necesidades de salud como la transición demográfica y epidemiológica, una reforma fiscal,  nuevos arreglos de federalismo, uso de tecnologías y requerimientos de eficiencia.

(Forbes México)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *