5,700 BURÓCRATAS SE AMPARAN CONTRA LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Al menos 5,700 servidores públicos se ampararán contra la Ley Federal de Austeridad Republicana que, entre nuevas obligaciones para los funcionarios, limita prestaciones e introduce un candado de 10 años para emplearse en la iniciativa privada.

Este miércoles entra en vigor la nueva Ley de Austeridad, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación este 19 de noviembre, la cual será obligatoria para toda la Administración Pública Federal y no sólo tiene como objetivo el ahorro y la eficiencia en los recursos económicos, sino que también acota  la actuación de la función pública.

Su aplicación, además de ratificar la eliminación de las pensiones de expresidentes, también pone candados para contratar jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones.

La firma Trusan & Roma Abogados será la encargada de presentar amparos de cerca de 5,700 servidores públicos y jubilados del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Además, se espera que en próximos días también se presenten amparos de funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), las secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP), de Turismo (Sectur) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Las inconformidades son por la virtual eliminación de las prestaciones, posibles despidos derivado de la interpretación de la ley y los candados para trabajar en la iniciativa privada.

“Esta Ley, además, afecta jubilaciones y pensiones, disminuyendo las prestaciones que tengan todas las personas que trabajaron duro durante años para poder retirarse con una pensión justa y decorosa; la reduce a la pensión mínima que se establezca en las leyes de seguridad social. También, los trabajadores en activo que tienen bonos de lealtad, puntualidad o eficiencia van a terminar perdiéndolos”, afirma Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma.

De acuerdo con el especialista, la Ley de Austeridad será “el apocalipsis” para algunos servidores públicos, pues los candados contemplados para evitar la duplicidad de funciones dejan la puerta abierta a interpretaciones que podrían desencadenar en despidos masivos.

“La ley le deja a la dependencia la libre interpretación de determinar cuándo supuestamente existe la duplicidad de funciones y aplica hasta para el que saca las copias, para la secretaria, el chofer, para cualquier servidor público en activo”, detalla el abogado en conversación con El Economista.

Puerta giratoria, la gran controversia

Por otra parte, afirma Rodolfo Martínez, el candado de 10 años que se puso para el paso de los servidores públicos a la iniciativa privada en sectores afines a su cargo, además de ser inconstitucional, porque limita el derecho al trabajo, podría al final del día aplicarse a cualquier funcionario, no sólo a los mandos superiores, como lo establece la ley en un principio, de ahí la razón de muchos amparos.

“El artículo dice que durante 10 años el servidor público no podrá emplearse con los sujetos que hayan sido objeto de su supervisión y luego dice el artículo: o que hayan tenido información privilegiada. Es decir, el artículo está dividiendo dos tipos de servidores públicos: los de mando y los que manejan información privilegiada”, explica Rodolfo Martínez.

En ese contexto, detalla el abogado, un asistente que tuvo acceso a información privilegiada podría ser sujeto de esta restricción. “En estricta aplicación de la Ley, ya no podría trabajar en la iniciativa privada, concretamente ante los sujetos regulados porque leyó una nota informativa. Son dos tipos de servidores públicos que se ven afectados para poder emplearse el día que los corra el gobierno”, aclara.

México era uno de los países más endebles en la regulación de la puerta giratoria, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contemplaba sólo un año de “enfriamiento” para el paso de los servidores públicos a la iniciativa privada.

Ahora se convierte en una de las naciones con los candados más fuertes, incluso por arriba del promedio de la OCDE, que es de tres años o el tiempo de espera que contemplan sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ambos de cinco años.

Otros laboralistas coinciden en la inconstitucionalidad de la medida por limitar el derecho al trabajo que establece el Artículo 5 de la Constitución.

Carlos Ferrán, director del Área Laboral de la firma Cuesta Campos, considera que no se puede dejar de ver a los servidores públicos como cualquier trabajador mexicano. En un contexto de recortes de personal en las administraciones públicas, si los funcionarios no se emplean en la iniciativa privada, entonces en dónde podrán trabajar, cuestiona.

En ese mismo sentido, opina Óscar de la Vega, socio de D&M Abogados, al considerar que los “candados” deben analizarse desde el punto de vista constitucional porque exceden las garantías individuales. “La Constitución establece una libertad de trabajo para que un individuo se dedique a cualquier profesión que sea lícita”, remarca.

Rodolfo Martínez afirma que la Constitución no está adaptada para la Ley de Austeridad, pues la única restricción que pone la Carta Magna para emplearse es cuando se trata de un trabajo ilícito. Además, hay que considerar que algunos servidores públicos tiene perfiles especializados, por tanto, no pueden emplearse en un sector distinto al de su formación.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública, la administración federal tiene 61,714 servidores públicos como personal de mando. Aunque los candados a la llamada puerta giratoria sólo aplicarán a los de mando superior, es decir, secretarios, subsecretarios, jefes de unidad y directores generales.

Las nuevas obligaciones

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los servidores públicos federales deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

  1. Cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su resguardo.
  2. Trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran sus servicios.
  3. No podrán asistir en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo ni dentro de la oficina.
  4. Tienen prohibido recibir regalos, pagos, dádivas o viajes con motivo de su cargo.
  5. No podrán usar sus facultades o atribuciones para que se contrate a un familiar y evitar el nepotismo.
  6. Tampoco pueden contratar con recursos públicos jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva.
  7. Los recursos humanos, materiales o financieros institucionales sólo pueden usarse para el cumplimiento de las funciones.
  8. Está prohibido emplearse en menos de 10 años en una empresa a la que hayan supervisado, regulado o de la cual posean una información privilegiada.
  9. Separarse de los activos o intereses económicos relacionados a la función que se desempeña, para evitar el conflicto de interés.

Fuente: Factor Capital Humano

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