IMSS perdió juicios millonarios por falta de abogados

Por obstáculos burocráticos para contratar abogados en 2019, el IMSS perdió juicios fiscales que significaron un boquete de más de 4 mil millones de pesos de cuotas obrero-patronales que el instituto falló en recuperar.

Además, ese año también aumentó el número de juicios laborales, fiscales y administrativos contra el Seguro Social, y se disparó un 36% el dinero reclamado a la institución ante la justicia.

Durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el IMSS sufrió un “cuello de botella” que obstruyó la contratación de más de 500 abogados, lo que mermó las armas de defensa legal de la institución. El problema se originó en la  ‘pelea’ burocrática entre mandos del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda por hacerse con el control del presupuesto y la administración del Instituto.

Oficios internos en poder de Animal Político documentan que la dirección Jurídica del IMSS solicitó desde el arranque de la nueva administración, en diciembre de 2018, la contratación urgente de 564 abogados por honorarios para evitar, precisamente, la acumulación de demandas y de sentencias en contra del Seguro Social.

Las solicitudes fueron dirigidas a la Oficialía Mayor de Hacienda –por la que debían pasar todas las solicitudes de contratación con la nueva política de centralización de compras y contrataciones del gobierno–, así como a la dirección Administrativa y a la unidad de Personal del IMSS, ambas dependientes de Flavio Cienfuegos.

Sin embargo, aunque la Oficial Mayor, entonces Raquel Buenrostro, dio el visto bueno desde febrero de 2019 a estas contrataciones, en mayo los abogados aún no habían sido contratados en su totalidad, y los que lograron ingresar al instituto trabajaron un tiempo sin paga, a pesar de que desde 2018 el Consejo Técnico aprobó casi 200 millones de pesos para estas contrataciones por honorarios.

Ante esta situación, el 20 de mayo de 2019, la dirección Jurídica del IMSS denunció ante el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la titular de la unidad de Personal, Laura Gabriela Sánchez Achetigue, y a su superior Flavio Cienfuegos, el director Administrativo del Seguro. Ambos fueron acusados de ejercicio indebido del servicio público por, presuntamente, entorpecer la contratación de los 564 abogados.

En un informe enviado en mayo de 2019 al Congreso y al Ejecutivo, la dirección Administrativa del IMSS que dirigía Flavio Cienfuegos se defendió argumentando que las contrataciones de abogados no se habían llevado a cabo en su totalidad porque la dirección Jurídica mandó las solicitudes con múltiples “inconsistencias”, como documentación ilegible, datos fiscales con errores, o comprobantes de domicilios inexistentes de los aspirantes.

Cienfuegos enfrenta otra acusación penal de la Fiscalía General de la República (FGR) por haber cometido presuntas omisiones que afectaron la adquisición y abasto de insumos médicos. Acusaciones que su defensa rechaza, ya que asegura contar con todas las evidencias para demostrar su inocencia ante la justicia.

Las cifras

Las estadísticas oficiales reflejan que, a la par del pleito burocrático por la contratación de abogados, en el año 2019 aumentaron los juicios fiscales perdidos por el instituto, el dinero reclamado en demandas y los juicios acumulados en su contra.

Según consta en los informes trimestrales de 2019 del avance financiero en el IMSS, el Seguro perdió ese año 7 mil 813 juicios fiscales, 741 más que el año previo, un alza del 10.5%.

Los juicios fiscales son aquellos promovidos por patrones en contra de adeudos por falta de pago de cuotas obrero-patronales.

Por esos 7 mil 813 juicios fiscales perdidos, el instituto dejó de ingresar 4 mil 197 millones de pesos. Esta cifra es un 53% superior a los 2 mil 745 millones que dejó de ingresar en 2018.

Ese 2019 también bajó la cifra de juicios fiscales ganados: 6 mil 486 en total, 52 menos que el año previo. Por estos pleitos, el IMSS ganó 4 mil 050 millones de pesos, 216 millones menos que en 2019, una caída del 5%.

Por otra parte, de acuerdo con el informe que el IMSS presentó al Congreso y al Ejecutivo con los datos y actuaciones más relevantes de 2019, ese año se acumularon 238 mil 967 juicios laborales, civiles, fiscales y administrativos en contra del IMSS, un 13.6% más que el año previo.

Dentro de esta cifra destaca el aumento del 27.4% de juicios fiscales y administrativos en trámite. Los juicios laborales acumulados también subieron 13%.

En cuanto al monto reclamado al IMSS por todos los juicios en trámite, la cifra ascendió en 2019 hasta los 52 mil 788 millones de pesos, 13 mil 928 millones más que en 2018, un alza del 36%.

En este apartado destaca el aumento del monto reclamado por los juicios administrativos en trámite: se pasó de 7 mil 977 millones de pesos reclamados al IMSS en 2018, a 17 mil 283 millones en 2019, hasta un 117% más.

En lo que sí hubo un descenso fue en las averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos penales en trámite contra el IMSS: de 107 en 2018 se pasó a 19; una caída del 82% en 2019.

La batalla de los oficios

Desde diciembre de 2018, con el arranque del nuevo gobierno, la dirección Jurídica del IMSS solicitó la contratación urgente de 564 abogados con la advertencia de que, de no concretarse, se corría el riesgo de que aumentaran las sentencias contra el instituto, lo que a la postre confirmaron las cifras oficiales arriba expuestas.

Según consta en el oficio número 0952174000/379, el 20 de diciembre de 2018, la dirección Jurídica, a través de su titular, Armando Pérez Contreras, hizo la primera solicitud de 564 contrataciones por honorarios de abogados a la dirección de Administración, en ese entonces dirigida por Pedro Zenteno Santaella, quien antecedió en el cargo a Flavio Cienfuegos.

Debido a que las contrataciones solicitadas no avanzaron, dos meses después, el 12 de febrero, la dirección Jurídica dirigió un correo institucional con la solicitud a la jefa de Personal, Laura Gabriela Sánchez Achetigue, que para entonces ya estaba bajo las órdenes del nuevo Administrador Cienfuegos.

El 14 de febrero, Raquel Buenrostro envió a la unidad de Personal del IMSS el oficio 700.2019.415-III, en el que señaló que “no tiene inconveniente” con que se gestione la contratación de los abogados. Pero las contrataciones siguieron estancadas.

La dirección Jurídica volvió a insistir y señaló a la jefa de Personal la “inminente necesidad” de contar ya con la contratación de los abogados para atender los servicios jurídicos de atención al derechohabiente y en materia de quejas médicas.

“Se ha vuelto un tema contingente a nivel nacional, que está poniendo en riesgo legal y económico al instituto”, le advirtió, sin éxito, mediante un correo.

El 26 de abril, en un oficio enviado a la coordinación de Presupuesto -que depende de la dirección de Administración-, el área Jurídica expuso que, por el retraso en la contratación de los abogados, en el primer trimestre de 2019 “hubo un incremento sustancial de la carga de trabajo” y “rezagos en el cumplimiento de defensa legal, atención al derechohabiente y quejas médicas”.

“Existen miles de juicios que podrían ver en riesgo su viabilidad en caso de que estas personas (los abogados por honorarios) no sean contratadas, derivando en la pérdida de millones de pesos que afectarían a las finanzas del IMSS y generando un daño patrimonial”, advirtió en el oficio 0952174010/619/2019.

En mayo, ya casi en la mitad del año, las contrataciones de abogados por honorarios seguían sin realizarse en su totalidad, y las que se habían hecho llevaban desde el 1 de abril sin goce de sueldo, tal y como señaló la dirección Jurídica del IMSS en el oficio 095217400/141 que presentó ante el Órgano Interno de Control del instituto.

Retrasos fueron por inconsistencias en las solicitudes

Animal Político buscó a Flavio Cienfuegos para conocer su postura sobre estos señalamientos de la dirección Jurídica en su contra.

Por medio de su defensa legal, el ya exfuncionario -salió del IMSS el 15 de junio del año pasado- aseguró que cuenta con toda la documentación para probar que no entorpeció las contrataciones de abogados ni de personal administrativo, aunque explicó que no podía profundizar más en el tema para no entorpecer el debido proceso en su causa penal.

Donde sí dio un punto de vista de por qué se retrasaron estas contrataciones fue en un informe que publicó en mayo de 2019, aun cuando era funcionario, la dirección de Administración que dirigía.

En este documento público, la dirección de Administración expuso que, en efecto, recibió por medio de oficios y correos, la “preocupación” de la dirección Jurídica por el retraso en la contratación de los abogados por honorarios.

Y, ante esa preocupación, la dirección de Administración respondió que, a mayo de ese año, 227 solicitudes ya tenían folio “para formalizar el contrato”, aunque precisó que tendrían una vigencia de 5 meses, a partir del 1 de abril, a pesar de que las solicitudes de la dirección Jurídica eran para todo 2019.

Añadió que los otros 298 casos se encontraban “en revisión”. Y aquí es donde señaló que los retrasos se debieron a que la documentación presentada por la dirección Jurídica para solicitar las contrataciones presentaban múltiples “inconsistencias”, como “documentación ilegible, datos fiscales con errores, comprobantes de domicilios no recientes, y cédulas profesionales con datos inexactos”.

“Utilizan oficios para decir que impedimos las contrataciones”

Animal Político también buscó a la exoficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para preguntarle sobre el retraso en la contratación de los abogados en el Seguro Social. La ahora jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó tener responsabilidad en el caso con el argumento de que la Oficialía Mayor no tenía injerencia en asuntos de recursos humanos del IMSS.

“Fue un tema que no tiene nada que ver con la Oficialía Mayor porque la Oficialía no ve temas de recursos humanos. Nuestra tarea, básicamente, era la consolidación de las compras y el control presupuestario en materia de compras consolidadas. La parte de servicios personales, históricamente, se lleva en la subsecretaría de Egresos de Hacienda”, afirmó.

-Pero hay un oficio del 14 de febrero de 2019 en el que usted personalmente dijo que no tenía inconveniente en la contratación de los abogados. ¿Por qué no se llevó a cabo, al menos hasta mayo de ese año? -se le cuestionó-.

-Sí, pero es una opinión técnica. Al principio, muchas de esas opiniones se daban porque yo metía oficios donde decía que autorizar tal contratación no era competencia de la Oficialía Mayor. Y, entonces, los que estaban en contra, o denostaban el nuevo modelo de gobierno de consolidar las compras (de medicamentos), pues esa opinión técnica, esos oficios, los utilizaban para decir que estábamos impidiendo las contrataciones. Es decir, yo opinaba, pero como puedo opinar sobre si jugó mal el América, porque no tenía las atribuciones legales (para autorizar contrataciones de personal), de ahí que estas opiniones no tenían vinculación jurídica.

Con informacion de: Animal Politico