Dictan nueva vinculación a proceso contra ex presidenta municipal de Tulum y tres ex servidores públicos

Creado por Redacción

5 abril 2021

daño patrimonial de un millón 49 mil 858 pesos.

nueva vinculación a proceso
Ex presidenta municipal de Tulum R. D. C.,

Tulum, Quintana Roo, 1 de abril de 2021.- La Fiscalía Anticorrupción obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de la ex presidenta municipal de Tulum R. D. C., así como otros tres ex servidores públicos por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por el daño patrimonial de un millón 49 mil 858 pesos.

Esta Fiscalía logró imputar dicho delito, a través de la carpeta administrativa 74/2020, en contra de la ex edil, así como otros servidores públicos identificados como: S. P. C., (ex tesorero municipal), O. I. Z. A., (ex oficial mayor); así como A. M. M., (ex director de ingresos).

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso; en ella se expresaron datos importantes del expediente por una posible conducta irregular registrada durante la administración municipal 2016-2018.

Las personas imputadas indebidamente efectuaron una contratación, a través de la adquisición de servicios con recursos públicos, celebrando, suscribiendo y/o firmando el contrato con número MTU/OM/RP/AD/RP/014/2017, fechado el día 1 de octubre de 2017, con el proveedor Impulso Empresarial Becka, S.A. de C.V.

El supuesto objeto de la prestación fue para “Capacitación para la implementación de comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3 de conformidad con la resolución miscelánea fiscal 2017”, por la cantidad económica antes referida.

Esta acción, no permitida por la norma vigente en ese entonces, contravino a lo previsto en el Artículo 48, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de dicho municipio.

Con estos datos de prueba, el Juez de Control determinó vincular a proceso a dichas personas y ordenó, como medida cautelar, la presentación periódica ante la Dirección de Seguridad Pública, cada 15 días, a partir del día 5 de abril.

El órgano jurisdiccional ordenó, además, tomar bajo resguardo sus pasaportes para garantizar su estadía en el Estado. También decretó un lapso de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, feneciendo el día 1 de junio de 2021.

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